Nuestro sector público seguramente no es tan eficiente como el de los países nórdicos, ni tan corrupto como el de algunos países latinoamericanos. Informes como los que publica periódicamente la ONG Transparency International indican que estamos en una posición intermedia por lo que respecta a eficiencia y corrupción.

La crisis actual hace imprescindible introducir cambios para conseguir más bienestar para la población y optimizar los recursos. Y el volumen del sector público en el Estado español es cercano al 50% del PIB, o sea, muchos recursos como para no gestionarlos óptimamente.

Hay diversos frentes de mejora. Por ejemplo, la transparencia en la gestión pública. Si leemos los informes que realiza la Sindicatura de Cuentas, veremos que hay casos auténticamente escandalosos de derroche y mala gestión. Y lo que sorprende es que no pasa nada. En un país normal rodarían cabezas y se tomarían medidas...

Otro frente es la mejora de la eficiencia en el gasto y la inversión pública. Recuerdo un estudio de hace unos pocos años que demostraba que una determinada administración pública podría hacer lo mismo, y seguramente mejor, con un cuarenta por ciento del personal que tenía asignado. Este informe fue a parar a un cajón, ya que el político de turno prefirió no complicarse la vida, en lugar de hacer un buen servicio para el país. La ineficiencia reduce el bienestar de la población, ya que, si se corrige, se conseguiría que con menos impuestos se hiciese lo mismo; o con los mismos impuestos se disfrutase de más servicios y infraestructuras. Esto requiere replantear desde cero los procesos, para identificar mejoras organizativas. También hay que eliminar o reconvertir aquellas funciones que no aportan nada que compense el coste que suponen. Esto es lo que en el mundo anglosajón se dice value for money, es decir, generar valor para los ciudadanos con los impuestos que se pagan.

El sector público y sus dirigentes tendrían que dar ejemplo, especialmente en estos momentos en los que el sector privado ha demostrado que el deseo de hacer una riqueza desmesurada a corto plazo nos ha llevado a una recesión grave. El problema es que en muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y administración central el comportamiento de los dirigentes no ha sido mejor que el de estos empresarios, banqueros y directivos del sector inmobiliario que con sus excesos nos han llevado a donde estamos ahora.

(Artículo publicado originariamente a El Temps)

Oriol Amat

Catedrático de la UPF, economista y vicepresidente del ACCID

www.oriolamat.cat